Preguntas Frecuentes

Sí. La Liquidación Voluntaria o Quiebra no tiene requisitos como tal, lo principal es que estés en una situación de insolvencia, o sea, debes más de lo que puedes pagar.

Lo que realmente prescribe no es la deuda en sí, sino que es la acción que tiene el acreedor para cobrar judicialmente una deuda atrasada. Generalmente este plazo es de 5 años, pero puede variar dependiendo del tipo de deuda. Pagarés: después de un año desde la primera cuota impaga. Cheques: cuando pasa un año desde el protesto. Letras de cambio: después de un año desde que venció la letra. Deudas hipotecarias: tres años desde que se deja de pagar por primera vez la cuota.

Por un lado, el procedimiento de renegociación permite acordar nuevas condiciones, ajustadas a la capacidad de pago actual del deudor y sin aumentar intereses; se puede realizar de forma administrativa ante la SUPERIR, o de forma extrajudicial siempre con el patrocinio de un abogado. Por otro lado, en el proceso de repactación, el deudor y el acreedor acuerdan un nuevo y mayor plazo para pagar, pero se pagan más intereses y gastos de cobranza, por lo que no es recomendable.

DICOM es una base de datos que registra los antecedentes de deudas de una persona en el sistema financiero. Por tanto, supone que quienes estén en los registros han tenido un mal comportamiento de pago y por ende, no podrán acceder a créditos bancarios.

Existen varias maneras por las cuales podrías salir de DICOM: pagando la deuda; ganando un juicio relacionado con la deuda; renegociando tus deudas de manera administrativa o extrajudicial; solicitando tu liquidación voluntaria (también conocida como quiebra); o esperando 5 años para que tu información se elimine, gracias a la Ley de Protección de la Vida Privada.

El procedimiento de renegociación de deudas permite acordar nuevas condiciones, ajustadas a la capacidad de pago del deudor y sin aumentar intereses. Existe la opción administrativa que se realiza ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, y la alternativa extrajudicial, directamente con el acreedor.

No. La única forma de aplazar o anular un embargo es pagando la deuda.

El acreedor tiene derecho a cobrar una deuda en un plazo de hasta 5 años siempre que el deudor no haya sido notificado del cobro mediante una acción judicial. Además, es necesario que un tribunal la haya declarado prescrita porque no ocurre de manera automática. Cuando no se cumplen estas condiciones, una deuda de hace 10 años sí se puede cobrar.

Hay que distinguir entre la deuda de TAG y las multas asociadas al TAG, por ejemplo, transitar por pórtico sin dispositivo o con dispositivo inhabilitado. Las deudas de TAG prescriben después de 5 años, pero debes considerar que, para que tenga validez, la prescripción debe ser declarada por un tribunal. Esta gestión necesita de la representación de un abogado. Asimismo, las multas asociadas al TAG prescriben en 3 años y también deben ser declaradas judicialmente y requieres de un abogado.

Es una acción legal que le permite a una persona, externa a un juicio por deudas, demostrar que los bienes embargados corresponden a su patrimonio y no a la persona deudora que enfrenta a la justicia. Este procedimiento, que es presentado por el verdadero dueño o poseedor de los bienes, busca que el embargo sobre esos bienes se levante o se deje sin efecto.

Si tu empleador no cumple con el pago de cotizaciones previsionales o sueldo, tienes derecho a un autodespido. Además, de poner fin al contrato, puedes acceder a indemnizaciones por años de servicio y otras compensaciones.

Existen varias causales por las cuales se puede recurrir a un autodespido: incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato; falta de probidad; conductas de acoso sexual; vías de hecho; injurias; conducta inmoral; conductas de acoso laboral; actos que afecten a la seguridad o funcionamiento de los trabajadores y lugar de trabajo.

Un despido injustificado se da cuando se aplican mal las causales de despido; cuando se invocan hechos o motivos que no son efectivos o cuando no se cumplen ciertas formalidades.

El empleador debe comunicar el despido por escrito al trabajador y con copia a la Inspección del Trabajo, a lo menos con 30 días de anticipación a la fecha del despido. Asimismo, debe informar por escrito al trabajador (a), personalmente o a través de carta certificada enviada a su domicilio, expresando las causas del despido. Se debe adjuntar el pago de las cotizaciones previsionales y el monto de la indemnización a pagar.

Según la Dirección del Trabajo, las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, como causal de término de la relación laboral se fundan en circunstancias de carácter técnico o bien de orden económico, como son el cambio en las condiciones del mercado, la racionalización o modernización, que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores.

Es un escrito en el que la persona despedida o que renunció puede declarar específicamente en qué aspectos no está conforme con lo que aparece en el finiquito, ya sea que el monto no está correcto o que la causal no corresponde. Sin necesidad que el empleador esté de acuerdo con lo escrito para resolverlo ante una eventual demanda. Realizar la reserva de derechos, al momento de firmar el finiquito, te da la posibilidad de demandar a tu empleador.

El finiquito debe ser otorgado y puesto su pago a disposición del trabajador dentro de 10 días hábiles contados desde la separación del trabajador.

En caso de que el empleador no ponga a disposición el finiquito dentro del plazo establecido por la ley, el trabajador podrá hacer un reclamo ante la Inspección del Trabajo o eventualmente presentar una demanda judicial para hacer el cobro de lo adeudado por concepto de finiquito.

La Ley Karin establece un marco legal claro para que las víctimas de acoso laboral, acoso sexual o violencia en el trabajo, tengan herramientas concretas para protegerse y exigir responsabilidad. Su objetivo principal es garantizar espacios laborales libres de violencia, asegurando que los trabajadores puedan desempeñarse en un entorno seguro y respetuoso. Ya sea que tengan contratos indefinidos, a plazo fijo o incluso aquellos que prestan servicios a honorarios. Esto incluye tanto a empleados del sector privado como del sector público.

Para los efectos de la ley 16.744, se entiende por accidente laboral toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte. La persona debe ser trasladada a la mutualidad a la cual esté afiliado su empleador. Si la mutualidad no está accesible, el trabajador podrá ser derivado a cualquier hospital o clínica, pero se debe informar que se trata de un accidente laboral. Esto, con el fin de que el trabajador sea atendido y posteriormente, derivado a una mutualidad como son las ACHS, la Mutual de Seguridad, el Instituto de Seguridad del Trabajo o el Instituto de Seguridad Laboral, que es la entidad pública encargada de administrar el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Los hijos e hijas serán beneficiarios hasta que cumplan 21 años, salvo que estén estudiando. En este caso, la pensión de alimentos se extenderá hasta que cumplan los 28 años.

Se puede regular por acuerdo a través de mediación y si no hay acuerdo se debe demandar en el tribunal de familia, con el patrocinio de un abogado.

Existen 3 tipos de divorcio: Divorcio Unilateral, cuando sólo uno de los cónyuges quiere divorciarse y el otro no está de acuerdo; Divorcio Culposo, solicitado por uno de los cónyuges, que se haya visto afectado por incumplimiento grave de los deberes y obligaciones del matrimonio o los hijos; y Divorcio de Mutuo Acuerdo, cuando ambos cónyuges voluntariamente solicitan el término del vínculo matrimonial.

Puedo solicitar al tribunal se oficie a distintas instituciones para que informen el domicilio del demandado.

El divorcio unilateral es cuando uno de los cónyuges quiere divorciarse y el otro no está de acuerdo. Para llevarlo a cabo, el cónyuge que lo solicita debe presentar una demanda en contra del otro para que se declare el término del matrimonio.

El monto establecido por el tribunal dependerá de las necesidades del niño o niña y la capacidad de pago del padre o la madre. Legalmente la pensión de alimentos no puede ser inferior al 40% de un ingreso mínimo remuneracional cuando el alimentante tiene solo un hijo y de un 30% cuando hay dos o más hijos. Mientras que el monto máximo no podrá superar el 50% de los ingresos del alimentan.

La posesión efectiva “intestada” se da en los casos que una persona fallece, pero no deja testamento. Es un trámite que deben hacer uno o más de los herederos, personalmente o representados por un mandatario, para poder disponer legalmente de los bienes dejados por quien ha fallecido. Se hace en el Registro Civil de manera presencial u online.

Debes realizar los trámites legales para formalizar la posesión de los bienes. Esto incluye la posesión efectiva, eventual impuesto a las herencias y, en caso de tratarse de bienes registrables como inmuebles o vehículos, inscribir la posesión efectiva en el Conservador de Bienes Raíces y/o Registro Civil.

Las personas fallecidas no heredan, pero pueden heredar sus hijos (nietos o bisnietos) por derecho de representación.

Puedes acudir a la ley “Devuélveme mi casa” vigente desde el 2022. Esta busca facilitar el desalojo de viviendas por no pago. Deberás presentar una demanda civil solicitando la restitución del inmueble cuando haya terminado el contrato o se registren acciones que tengan que ver con falta de cuidado por parte de la persona que arrienda. La ley permite a un juez ordenar el desalojo de las personas morosas no sólo por atrasos en el pago de arriendo, sino también por no pagar los servicios básicos y/o gastos comunes.

En este caso, se puede iniciar un juicio de partición, cuyo objetivo es poner los bienes poseídos en comunidad a disposición de la justicia, la que, a través del juez partidor, podrá liquidar y distribuir los bienes.

El juicio de partición es un procedimiento judicial que busca dividir y repartir bienes comunes producto de una herencia, la cual corresponde a varias personas que tienen derechos sobre estos. Generalmente se aplica cuando hay copropietarios y uno o más de ellos quieren poner fin a esa comunidad. Comúnmente se llega a esta medida cuando existen conflictos entre herederos, especialmente cuando no se dejan testamentos. También se puede dar en otros casos de comunidad de bienes, por ejemplo, parejas que adquirieron bienes juntos sin casarse o matrimonios disueltos por divorcio. Se puede decir, que es una fórmula legal que permite dividir, repartir o vender los bienes que se tienen en comunidad, ya sea de forma privada o a través de subasta pública, tras la cual se repartirá el dinero obtenido a cada heredero según su cuota hereditaria.